Detrás de una marcha hay meses de ensayo, una devoción y alguien que la compuso. La polémica con SGAE exige cuidar todo eso y explicar con claridad qué puede cobrarse, a quién y por qué.
Por Luis Martín
Actualizado el 11 de noviembre de 2026.

Hay marchas que un cofrade reconoce antes de que termine la primera frase. Apenas suenan unos compases y ya está otra vez en aquella calle, esperando a una imagen, junto a alguien con quien solía escucharla. A veces ese recuerdo duele. Otras, consuela. La procesión sigue y algo dentro se ha removido sin pedir permiso.
Llamarlas sones de oración tiene ese sentido para muchos de nosotros. Acompañan la fe que aprendimos de pequeños, la que conservamos con dificultad o la que buscamos cuando necesitamos levantar el corazón. Quien escucha sin compartir esa fe puede encontrar también belleza y memoria. En la calle caben todas esas vivencias.
El músico lo vive mientras atiende al director, cuida la entrada y dosifica el aire. Lleva horas tocando y quizá otras tantas por delante. Acompañar a aquella imagen puede ser su manera de dar gracias o de pedir por alguien. De esa intimidad se habla poco cuando discutimos cuánto cuesta una banda.
Ahora la polémica con SGAE ha puesto un porcentaje en medio de la conversación. Las hermandades quieren saber qué se les exige; las bandas, cómo les afecta; los autores, cómo se reconoce su trabajo. Escribimos desde un blog cofrade y defendemos a nuestras bandas y hermandades, desde las más modestas hasta las más conocidas. Esa defensa necesita razones ciertas. También incluye respetar a quienes escribieron la música que tanto queremos.
Lo que sostiene una marcha
En una pequeña banda de pueblo o de barriada, preparar la salida empieza mucho antes de abrir las partituras. Hay que reparar instrumentos, completar uniformes y reunir un dinero que no siempre llega. Ayudan los músicos, las familias y los ingresos de la formación. La ilusión sostiene mucho, pero las facturas también hay que pagarlas.
Las grandes bandas soportan otras exigencias. Mantener el nivel cuesta trabajo, aunque desde fuera parezca natural que siempre suenen bien. Muchas formaciones pequeñas aprenden escuchándolas: encuentran repertorio, un sonido al que acercarse y una manera de interpretar. Ese magisterio también forma parte de lo que debemos cuidar.
Después vienen los ensayos, al salir del trabajo o de las clases. Un pasaje se repite durante semanas para que encaje unos segundos el día de la procesión. Hay músicos que llevan haciéndolo desde niños. Crecieron, formaron una familia y siguieron buscando tiempo. En muchas casas se ajustan horarios, se espera a un hijo o se cambia una celebración porque ese día hay actuación. La banda pertenece también a la vida de esas familias.
Por eso, que una formación cobre no significa que sus miembros se lleven ese dinero a casa. Puede servir para transporte, local o instrumentos. Otras bandas remuneran a profesionales, y eso merece el mismo respeto. El amor a una imagen no obliga a trabajar gratis. Ni el trabajo pagado impide tocar con fe.
Las hermandades, penitenciales, de gloria o sacramentales, necesitan igualmente organizar sus cultos y responder del dinero de sus hermanos. Y el compositor merece que recordemos su nombre. La Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional, Musapro, presidida por Abel Moreno, defiende esa creación. Sin ella no existirían muchas de las marchas que las bandas han transmitido de generación en generación.
Antes de calcular el 7 %, hay que saber si corresponde pagar
La cuestión afecta a toda España, no solo a Andalucía. Pero no todas las procesiones tienen que pagar. Una cosa es contratar a la banda y otra abonar los derechos por utilizar música de un compositor. SGAE gestiona estos últimos cuando los tiene encomendados. No es Hacienda y el 7 % anunciado no es un impuesto.
La ley permite algunos usos sin pedir autorización. El artículo 38 contempla la interpretación dentro de una ceremonia religiosa cuando el público puede asistir gratis y los intérpretes no cobran específicamente por actuar allí. Deben cumplirse las tres condiciones. Si se cumplen, no corresponde exigir esa licencia de pago, aunque las marchas sean de otros autores y sigan protegidas. Grabar o retransmitir la actuación es otra cuestión y puede necesitar otras autorizaciones.
Si corresponde pagar, SGAE señala al organizador o contratante: habitualmente la hermandad, aunque puede ser un ayuntamiento u otra entidad. La banda no paga simplemente por tocar. Abel Moreno lo expresa así: «Ninguna banda de música debe pagar por tocar». Distinto es que la propia banda organice un concierto: entonces asume también el papel de organizadora.
La tarifa comunicada por SGAE para las procesiones es el 7 % de los gastos musicales, sin incluir el IVA: siete euros por cada cien. La previsión anunciada en septiembre situaba su aplicación en la Semana Santa de 2027, sin concretar el primer cobro. Ese porcentaje no elimina las excepciones de la ley ni se aplica sin más a cualquier concierto.
Un ejemplo: dos pagos distintos
Imaginemos que una hermandad contrata una banda y que en esa salida sí corresponde pagar derechos. El precio es de 5.000 euros más IVA. Para hacer la cuenta usaremos un IVA del 21 % en ambas facturas. Es una condición de este ejemplo, no el impuesto obligatorio de todas las actuaciones.
La banda añade 1.050 euros de IVA a sus 5.000 euros de precio y recibe 6.050 euros. Para calcular los derechos, tomamos como gasto musical aquellos 5.000 euros, sin el impuesto. Su 7 % son 350 euros. Al añadirles el IVA del 21 % supuesto para la factura de derechos, resultan 423,50 euros a SGAE.
| A quién paga la hermandad | Cuánto paga |
|---|---|
| A la banda, por la actuación con su IVA | 6.050,00 € |
| A SGAE, por los derechos con el IVA supuesto | 423,50 € |
| Total que sale de su cuenta | 6.473,50 € |
La banda recibe completos los 6.050 euros contratados. Los derechos son otro pago; no se descuentan de su factura. Y cuando se dice que el 7 % se calcula “previa deducción del IVA”, solo se está indicando que la cuenta se hace sobre los 5.000 euros de precio, no sobre los 6.050 que incluyen el impuesto.
Si la banda factura legalmente sin IVA y cobra 5.000 euros, se le pagan esos 5.000. No se resta un impuesto inexistente. Si corresponde calcular derechos sobre ese importe, seguirían siendo 350 euros antes del impuesto aplicable a la factura de derechos.
El IVA que aparece en una factura lo recibe quien la emite y después debe declararlo a Hacienda conforme a las reglas fiscales. Los 350 euros de derechos, en cambio, se abonan a SGAE. Que la hermandad pueda recuperar el IVA depende de su actividad y de los requisitos legales: no debe contar con una devolución automática.
En cada caso hay que comprobar el impuesto correcto. La Agencia Tributaria explica, por ejemplo, cuándo determinados artistas pueden aplicar el IVA reducido. Esta cuenta se sitúa en la Península o Baleares; Canarias, Ceuta y Melilla quedan fuera del territorio del IVA.

La banda propia y la asociación que actúa para otras hermandades
Pensemos ahora en una banda que acompaña gratis a los titulares de su hermandad. Sus músicos tampoco cobran por esa salida, que es una ceremonia religiosa abierta al público gratuitamente. Si así sucede, se cumplen las condiciones del artículo 38. No corresponde esa licencia de pago por la interpretación, aunque se toquen marchas ajenas.
Pero llamarse “banda propia” no resuelve por sí solo el caso. Hay que saber si alguien cobra por actuar. También conviene distinguir una ayuda para mantener la formación de un pago por una salida concreta: no todo apoyo es una contratación, ni basta llamar “ayuda” a una remuneración para que deje de serlo.
Otra situación necesita especial cuidado: la hermandad paga a una asociación musical, pero sus integrantes no reciben dinero. Puede que todo se destine a los gastos de la banda. Eso no permite asegurar automáticamente que esté exenta, ni descartar la excepción sin estudiarla. Hay que revisar qué se ha contratado y qué se está pagando.
La misma asociación puede acompañar gratis a su hermandad el Jueves Santo y cobrar a otra el viernes. Cada actuación se examina por separado. El contrato del viernes no demuestra que se haya cobrado el jueves. Y el dinero de la asociación durante todo el año no puede tomarse sin fundamento como gasto de una sola salida.
Si no hay precio de contratación, pero tampoco se cumplen las condiciones de la excepción, queda otra pregunta: ¿sobre qué importe se calcularían los derechos? La información oficial consultada no desarrolla una cuenta completa para ese supuesto. Si se reclama dinero, habrá que pedir la tarifa y los gastos concretos utilizados, sin inventar una cifra.
También puede pagar la banda un benefactor o un ayuntamiento. Que a la hermandad le salga gratis no significa que nadie cobre por actuar. Será necesario aclarar quién organiza y contrata, y quién tramita los derechos cuando procedan.
También importa qué música se interpreta
Algunas marchas están en dominio público: ha terminado el tiempo de protección de sus derechos económicos. Si todo lo interpretado, incluidas las versiones utilizadas, está en esa situación, no se pagan esos derechos por esas obras. Una composición antigua puede, sin embargo, llevar un arreglo reciente protegido. Tampoco una dedicatoria convierte a la hermandad en propietaria de la música.
Cuando se mezclan obras protegidas y libres hay que identificar lo interpretado y conocer el criterio de cálculo. Tocar la mitad de los títulos libres no permite inventar un descuento del 50 %. Además, que una marcha esté protegida no significa por sí solo que SGAE gestione sus derechos.
El tipo de acto también cuenta. Un concierto benéfico, o celebrado en una iglesia, no es necesariamente una ceremonia religiosa. Puede necesitar otra licencia y otra tarifa. La entrada gratuita, por sí sola, no resuelve la cuestión.
Cómo se comprueba lo que se quiere cobrar
No hace falta imaginar a una persona escuchando cada procesión de España. El procedimiento anunciado por SGAE se apoya en documentos: la hermandad comunica las bandas participantes y su presupuesto; la formación anota las marchas tocadas y sus repeticiones en el llamado libro de ejecutante. SGAE indica que revisa la documentación y envía la autorización y, cuando corresponda, la factura.
El presupuesto sirve para calcular el importe; la lista de obras, para repartirlo entre sus autores. Si el director cambia una marcha durante la salida, debería anotarse lo que sonó realmente. El artículo 167 obliga a los usuarios de derechos gestionados a aportar la información pertinente que tengan. El plazo habitual es de noventa días después del uso, salvo que se acuerde otro. Esa obligación no hace que una actuación legalmente exenta pase a ser de pago.
Los autores también pueden notificar actuaciones de sus obras y el formulario general de repertorios prevé revisar las declaraciones. Pero no hemos encontrado un protocolo público detallado que explique cuántas procesiones se comprobarán presencialmente ni cómo se resolverá cada discrepancia.
Conservar contratos, acuerdos de participación gratuita, justificantes de pago y repertorios ayudará a explicar lo ocurrido. Ante una reclamación, la pregunta es sencilla: ¿qué acto nos cobran, por qué y cómo han obtenido esa cantidad? Debe poder entenderse qué gastos cuentan, incluido transporte o dietas si los incorporan. La ley exige tarifas claras y razonables y prevé reducciones para entidades culturales sin lucro; hay que comprobar cuándo corresponden, sin confundirlas con una exención general.
Un acuerdo que cuide lo que compartimos
Las hermandades han empezado a organizar su respuesta. En el comunicado de Antequera del 5 de noviembre, los presidentes de los consejos, federaciones y agrupaciones de las capitales andaluzas expresaron su «respeto, comprensión y reconocimiento a los compositores de marchas procesionales». Acordaron una interlocución conjunta y pidieron reunirse con SGAE en la segunda quincena de noviembre. No anunciaron un acuerdo sobre el porcentaje ni se atribuyeron un papel negociador.
Félix Ruiz González, presidente de la Confederación Española de Sociedades Musicales, ha pedido un marco «claro, transparente y jurídicamente fundamentado». La nota conjunta de CESM, SGAE y Musapro sobre su reunión del 7 de octubre recoge la necesidad de precisar cálculos y responsabilidades. La CESM propuso incorporar a las organizaciones de hermandades al diálogo nacional.
Ese diálogo debe evitar que cada pequeña entidad tenga que empezar sola. Quien sostiene una banda conoce sus gastos; quien organiza una procesión, los compromisos que debe atender. El compositor sabe las horas que dedicó a la partitura. Escucharse permite discutir una cantidad sin despreciar el trabajo de nadie.
Y conviene recordar de dónde venimos. Del músico que entró de niño en la banda y sigue volviendo. De la familia que busca entre los uniformes a uno de los suyos. De quien espera a su Virgen y descubre, al empezar una marcha, que no puede contener la emoción. La ley no se decide por la intensidad de esos sentimientos, pero quienes busquen un acuerdo necesitan comprenderlos.
Al acabar la procesión, el público se dispersa. Quedan instrumentos que guardar y una hermandad recogiendo lo necesario para la salida. Alguien se llevará aquella música dentro durante mucho tiempo. Para nosotros, cuidarla significa también conservar una manera de rezar y de transmitir la fe.
Que podamos seguir encontrándonos allí: con los autores reconocidos, los músicos respetados y nuestras hermandades capaces de mantener viva esa oración que camina por las calles.
Los comentarios quedan abiertos a experiencias y dudas de bandas, hermandades y compositores. Explicar un desacuerdo con respeto puede ayudar a otro a entender su situación. Ese es el sentido de esta conversación.
Fuentes y lecturas
- SGAE: La música de Semana Santa tiene autores. 15 de octubre de 2026. Explicación institucional de la tarifa, repertorio, organizadores y libro de ejecutante; incluye la declaración citada de Abel Moreno.
- Europa Press: declaraciones de José Lucas Chaves sobre la previsión de aplicación en 2027. 23 de septiembre de 2026. Se distingue la previsión anunciada de una fecha concreta de primer cobro.
- Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, BOE. En especial, artículos 38, 164 y 167; para el contexto general se han consultado también los artículos 11, 17, 20, 21, 41, 163, 165 y 169. Texto consolidado consultado el 11 de noviembre de 2026.
- Comunicado conjunto de los consejos, federaciones y agrupaciones de las capitales andaluzas. Firmado en Antequera el 5 de noviembre de 2026 y publicado por la Agrupación de Córdoba el día 6.
- Nota de prensa conjunta de CESM, SGAE y Musapro. Sevilla, 11 de octubre de 2026, sobre la reunión del día 7. Incluye las declaraciones de Félix Ruiz González.
- CESM: propuesta de una gestión clara y equilibrada. 22 de octubre de 2026. Posición de las sociedades musicales y propuesta de ampliar el diálogo.
- Musapro: fines y representación de la asociación. Consulta del 10 de noviembre de 2026.
- SGAE: alcance de sus licencias y del repertorio gestionado. Consulta del 10 de noviembre de 2026.
- Ley 37/1992 del IVA, BOE. Tipos y requisitos fiscales; el ejemplo económico utiliza los impuestos expresamente indicados.
- Agencia Tributaria: requisitos del IVA reducido en servicios de artistas. Permite distinguir la situación del artista persona física de otras formas de prestación.
- SGAE: formulario general de declaración de repertorio. Prevé la revisión de las declaraciones; no es un protocolo específico de vigilancia de procesiones.
- SGAE: notificación de actuaciones por los autores. Consulta del 11 de noviembre de 2026.
Las fotografías son de archivo y se utilizan para ilustrar el acompañamiento musical de las procesiones. Su inclusión no atribuye a las bandas o hermandades representadas una postura sobre esta polémica.


